Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 1 de Enero de 2007 (Tesis num. VI.3o.A.285 A de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 01-01-2007 (Tesis Aisladas))
| Número de resolución | VI.3o.A.285 A |
| Fecha de publicación | 01 Enero 2007 |
| Fecha | 01 Enero 2007 |
| Número de registro | 173461 |
| Materia | Derecho Público y Administrativo,Derecho Constitucional,Derecho Procesal,Administrativa |
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2003, consultable en la página 194 del Tomo XVII, de abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL. ES IMPUGNABLE EN AMPARO AUTÓNOMAMENTE, POR NO FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO EN QUE SE DESENVUELVE LA VISITA.", estableció que la orden de visita domiciliaria, al quedar sujeta a los requisitos establecidos en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, es impugnable en amparo, por tratarse de un acto autónomo susceptible de causar perjuicio, por sí solo, a los particulares, que no forma parte del procedimiento relativo. Atento a lo anterior, como el mandamiento en que se sustenta la revisión de gabinete se regula por las formalidades contenidas en el artículo 16, primer párrafo, del Pacto Federal y goza también de las características de un acto autónomo, al no ser parte del procedimiento fiscalizador, que inicia con el primer acto notificado al contribuyente, como se advierte de los preceptos 42, fracción II, último párrafo y 48 del mencionado código tributario federal; se concluye que este último también es impugnable en amparo indirecto como lo establece el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, autónomamente, pues los prerrequisitos y formalidades exigidas para su emisión se traducen en cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica que dimana del referido precepto 16 de la Ley Fundamental, a fin de proteger los papeles de registros contables del gobernado, cuya inobservancia implica una afectación sustancial a las garantías de los afectados, y que por lo mismo debe ser materia del control constitucional por los tribunales de amparo.
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