Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
| Número de resolución | I.9o.P.44 P (10a.) |
| Fecha de publicación | 01 Septiembre 2013 |
| Fecha | 01 Septiembre 2013 |
| Número de registro | 24759 |
| Localizador | Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, 3148 |
AMPARO DIRECTO 276/2013. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GUADALUPE O.M.S.. PONENTE: E.M.F.. SECRETARIO: M.Á.S.A..
CONSIDERANDO:
QUINTO. Previo al análisis del presente asunto, resulta importante realizar la interdependencia de derechos humanos que se actualiza en el caso concreto.
El punto central de la interdependencia de derechos humanos, es que al analizar un caso, en los órganos con funciones jurisdiccionales deberán tenerse en consideración los derechos que se alegan violados y, además, deben analizarse aquellos otros que: 1) también resultan afectados debido a la violación a los derechos inicialmente alegados; y 2) que sin haber sido directamente violentados, son condición necesaria para el respeto, protección y garantía de los derechos violados.
El aspecto central del principio de interdependencia es que resulta necesario conocer la forma en que los derechos se sostienen unos a otros.
El principio de interdependencia.(1)
Los derechos humanos son interdependientes en tanto que establecen relaciones recíprocas entre ellos. La interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos. La interdependencia comprende, por lo menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro(s) derecho(s) para existir, y b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente dependientes para su realización. En este sentido, el respeto, garantía, protección y promoción de un derecho tendrá impacto en los otros y/o viceversa.
De tal forma, la protección del derecho de adecuada defensa no puede quedar al margen de una revisión de otros derechos condicionantes como el debido proceso y las garantías judiciales.
Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable consistentes en la causa penal **********, obran las declaraciones de la quejosa **********(2), quien precisó la forma en que la ahora occisa, con uso de violencia, le impuso la cópula desde el dos mil nueve, lo que se corroboró con el dictamen en materia de psicología(3), de trece de octubre de dos mil once, suscrito por la licenciada **********, respecto de la quejosa, quien llegó a las siguientes conclusiones:
"Con base en los resultados de la entrevista, aplicación de pruebas psicológicas, observación de actitudes y conductas practicados a **********, así como del análisis de antecedentes en el presente caso de estudio, se concluye lo siguiente: 1) Sujeto femenino alerta, orientado en tiempo, lugar, situación y persona. No se observan alteraciones en lenguaje, sensopercepción y funcionalidad. Su memoria se encuentra conservada, con capacidad de juicio y autoeterocrítico normales, su tono emocional es depresivo y ansioso, congruente con la situación que experimenta. 2) Es emocionalmente estable, es introvertida, pasiva, influenciable y dependiente. Con baja autoestima y dificultad para expresar sus afectos y experiencias íntimas a causa de una educación basada en el sometimiento. 3) Por lo anterior, se concluye que la procesada presenta una condición psicológica dentro de la normalidad, dado que los dos resultados de la valoración no se desprenden síntomas que indiquen la presencia de alteraciones mentales, cognitivas o conductuales, por lo tanto y tomando en consideración que presenta secuelas psicológicas y emocionales de victimización sexual, tales como culpa, asco, vergüenza, tristeza, confusión y baja autoestima, así como síntomas de estrés agudo y prolongado que le ha generado depresión y ansiedad; mismos que por congruencia de su discurso y tono emocional que imprime se atribuyen a la reiterada violencia física, psicológica, emocional y sexual que refiere haber sufrido contra su voluntad por parte de la hoy occisa ********** de ********** años de edad, tornándose que una víctima que temía en demasía a su agresora a quien describe como una persona violenta, emocionalmente inestable, manipuladora y conflictiva. Probablemente erotómana quien la rebasa considerablemente en edad y, por lo tanto, en experiencia para lograr el sometimiento de la víctima; tales abusos se tornaron en una realidad intolerable para la víctima, lo que detona en un estado de emoción violenta al momento de verse obligada a sostener relaciones sexuales lésbicas con la hoy occisa contra su voluntad, ser humillada, maltratada y verse en la necesidad de luchar por preservar su vida y proteger la de sus familiares; siendo rebasada por la situación, es incapaz de regular su conducta de manera normal al momento de ocurrir los hechos que se le imputan, concluyéndose que se encontraba en un estado de emoción violenta ajena a su voluntad y control."
Situación que vulnera sus derechos fundamentales y actualiza los mecanismos de protección establecidos en los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano y la ley secundaria; señalados al inicio de este considerando, bajo el rubro de "consideraciones previas".
En razón de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer(4) (CEDAW, por sus siglas en inglés), en cuyo preámbulo se enfatiza la dignidad de la persona e igualdad de derechos entre hombres y mujeres; por tanto, la necesidad de modificar los roles tradicionales que han desempeñado en la sociedad y la familia.
Define a la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Además, adoptar las medidas apropiadas (en todas las esferas) para garantizar a las mujeres el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales
Una vez vinculados con la "CEDAW" los Estados partes deben modificar su legislación y sus políticas nacionales para ajustar su marco normativo a los términos de la convención. Asimismo, se crea un órgano de vigilancia del tratado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, encargado de vigilar, a través de informes periódicos, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados miembros de la convención.(5)
El Comité ha asumido la práctica de emitir recomendaciones generales, que revisten el carácter de interpretación auténtica del contenido de la convención, procuran definir con mayor precisión las obligaciones de los Estados y la sustancia de los derechos establecidos en ella.(6)
La violencia contra la mujer incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad.
Además, el Estado también es responsable de los actos de violencia contra las mujeres perpetrados por particulares en tanto no adopte medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar actos de violencia e indemnizar a las víctimas.(7)
Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)(8), es el primer instrumento internacional creado específicamente para tratar el tema de violencia de género. En el preámbulo se establece que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación de derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente su goce o ejercicio.(9) Establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia
Reconoce a las mujeres el goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre otros, acceso a un recurso jurisdiccional sencillo y rápido contra actos que violen sus derechos
La finalidad de la convención, al referirse a las "prácticas", es que aun cuando éstas, consideradas en forma aislada, no tengan la intención de discriminar o producir violencia, sí generen ese resultado (se produzca, permita o tolere la violencia). La incorporación de las esferas privada y pública, es de gran relevancia, porque tradicionalmente existió una separación radical que trascendió a la poca o nula defensa de los derechos humanos que se violaban en el seno familiar o por particulares.(10)
La violencia contra las mujeres adquiere una dimensión institucional, cuando los órganos del Estado incorporan a sus procesos visiones estereotipadas sobre las mujeres y adoptan prácticas que coartan o limitan el ejercicio de sus derechos y libertades,(11) o bien, se abstienen de ejercer sus facultades para prevenir o corregir actos de violencia.
En general, puede decirse que los estereotipos que se tienen respecto a las mujeres son "una visión o idea preconcebida generalizada de atributos o características que los integrantes de un grupo particular poseen o deberían llevar a la práctica".(12) Estas ideas preconcebidas y generalizadas, tienen un componente claramente discriminatorio al ignorar las características individuales y presumir que otras son...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba