Voto num. 23241 de Tribunales Colegiados de Circuito
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PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A DICHO CARGO.
PERITOS PROFESIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INCLUIR A UN ASPIRANTE EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA INGRESAR AL CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIAL RELATIVO (GENERACIÓN 2010), IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES.Ver el contenido completo de este documento
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Voto num. 23241 de Tribunales Colegiados de Circuito
PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A DICHO CARGO.
PERITOS PROFESIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INCLUIR A UN ASPIRANTE EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA INGRESAR AL CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIAL RELATIVO (GENERACIÓN 2010), IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES.AMPARO EN REVISIÓN 288/2011. SUBDIRECTORA DE ÁREA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN SU CARÁCTER DE DELEGADA DEL TITULAR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. PONENTE: ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR. SECRETARIO: LUIS HUERTA MARTÍNEZ.CONSIDERANDO:QUINTO. La recurrente expuso los agravios siguientes:"Primero. La sentencia que se recurre causa agravio y viola en perjuicio del titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República, autoridad señalada como responsable en el juicio de garantías en que se actúa, el contenido de los artículos 73, último párrafo, 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues como ese tribunal de alzada podrá advertir, la a quo omitió realizar un verdadero análisis de las causales de improcedencia que se hicieron valer, tal como lo prevé el último párrafo del artículo 73 de la citada Ley de Amparo, que al efecto establece: (se transcribe). Al respecto, resulta aplicable la tesis con registro IUS 221076 de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, diciembre de 1991. Materia(s): Común. Página: 229, que es del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO, CAUSALES DE. DEBEN ESTUDIARSE DE OFICIO. (se transcribe). En este orden, debe decirse que en el considerando quinto de la sentencia que por esta vía se recurre, la a quo indebidamente desestimó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo, misma que se surte en el presente asunto en razón de qué, para los efectos del juicio de garantías en que se actúa, no le reviste el carácter de autoridad a la señalada como responsable, titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República, toda vez que el acto reclamado a la citada responsable de ninguna manera puede considerarse que constituya un acto de autoridad y que, por ende, se encuentre revestido del imperio que los actos reclamados en la vía constitucional deban contener. En efecto, como podrá apreciar ese Tribunal Colegiado, el acto reclamado a mi delegante, de ninguna manera puede considerarse que constituya un acto de autoridad y que, por ende, se encuentre revestido del imperio que los actos reclamables en la vía constitucional deben contener. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia localizable en el Informe de Labores de 1989, III Parte. Tribunales Colegiados de Circuito, página 187, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, CONCEPTOS DE. (se transcribe). Lo anterior es así, en razón de que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad o autoridades que violen las garantías individuales; en ese tenor, las leyes o actos de autoridad reciben el nombre de acto reclamado, traducido éste en una disposición o hecho autoritario concreto o particular imputable a un órgano del Estado, que produzca una afectación de situaciones jurídicas o de hecho determinado que se imponga impera...Ver el contenido completo de este documento
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